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España, uno de los países más sancionados por incumplir la GDPR

enero 23, 2020

España ocupa el sexto lugar en la escala de multas más caras por incumplimiento de la GDPR

Desde la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos, las compañías europeas han debido adecuar su funcionamiento a los lineamientos en materia de seguridad de la información. Esto ha traído como consecuencia una serie de cambios en las estructuras de las organizaciones que han debido valorar de manera más eficiente la importancia de los datos personales que manejan, bien sea contratando personal especializado, creando incluso departamentos específicos de protección de la información, e implementando nuevas tecnologías de seguridad.

Sin embargo, no son pocas las empresas que se han quedado atrás en este proceso de adecuación y que, haciendo caso omiso de los lineamientos ordenados, han incurrido en faltas ante las auditorías realizadas por los diferentes órganos competentes para hacer cumplir la Regulación General de Protección de Datos en la Unión Europea.

Como consecuencia, cientos de organizaciones se encuentran hoy inmersas en procesos legales para hacer frente a las sanciones administrativas que les están siendo impuestas. En este sentido, una firma legal internacional (DLA Pipers) ha hecho pública la lista de empresas que para la fecha han tenido que pagar cantidades exorbitantes en multas por infracciones a la protección de datos de sus usuarios y clientes.

Según esta lista, uno de los países de la Unión Europea con más empresas sancionadas es España, ocupando actualmente el sexto lugar en la lista en cuanto a sanciones más altas impuestas. Según esta lista, 1.3 millones de euros sería la cantidad que han tenido que pagar las empresas españolas por incumplimiento de la GDPR, manejando un número de 1.698 violaciones a la Regulación de Protección de Datos detectadas desde la entrada en vigor del reglamento, en mayo del año 2018. Por otra parte, el primer lugar es ocupado por Francia, que ha sumado la cantidad de 50 millones de euros en sanciones.

El documento mediante el cual se han constatado estas cifras es un informe revelado por la compañía legal internacional, DLA Piper y está basado en una recopilación exhaustiva de todos los documentos públicos conocidos desde la entrada en vigencia del reglamento europeo de protección de datos, hasta la fecha de 17 de enero del año en curso.

Si bien España se encuentra en el sexto lugar en la escala de cantidades más altos, la verdad es que en cuanto a número de infracciones no figura entre los primeros, sino que ocupa apenas el decimotercer puesto. Asimismo, indica el señalado informe que en cuanto a la incidencia registrada en el último año (calculado desde enero del 2019 a enero del 2020) España se encuentra en el cuarto lugar con número más bajo de incidencia en vulneraciones de datos, con la cifra de 2,08 vulneraciones por cada cien mil ciudadanos. Ubicándolo sólo por encima de Italia, Rumanía y Grecia los cuales obtuvieron las cifras de 2,05, 1,9 y 1,5 respectivamente.

Con respecto a la cuantía de las sanciones (escala en la que España ocupa el sexto lugar) el país europeo con las cifras más altas es Francia, cuyos árbitros en materia de protección de datos han llegado a imponer el monto de 51 millones de euros por vulneración a las regulaciones en cuestión. Cabe mencionar que, de esta cifra, el monto de 50 millones de euros representa la sanción impuesta por Francia a la multinacional Google, acusándola de no aclarar con exactitud cuál sería el tratamiento empleado por la empresa a los datos de sus usuarios.

En esta escala Francia es seguida por Alemania, que ha sancionado a sus empresas por una cantidad 24 millones de euros, siendo Austria el tercer lugar con una cifra de 18 millones de euros en multas por infracciones. Asimismo, Italia, en cuarto lugar, registra el número de 11,5 millones de euros, seguido por Bulgaria y España con 3,15 y 1,3 millones respectivamente. Nótese además que sólo estos países han impuesto multas mayores al millón de dólares.

Ahora bien, cabe destacar que la cantidad de las sanciones nada tiene que ver con el número de infracciones, de manera que, a pesar de estar entre los países con multas más altas, España ha impuesto significativamente menos multas que otros países como Países Bajos, Reino Unido, Irlanda o Dinamarca. En este sentido, Países Bajos ha impuesto la alarmante cantidad de 40.000 multas, mientras que España no supera las 1.700.

Habían tenido dos años para ponerse en regla

Un punto importante para mencionar es que el reglamento que ha dado origen a estas sanciones no puede haber tomado por sorpresa a estas empresas infractoras, pues no sólo se trata de una de las regulaciones más esperadas de los últimos años, sino que además, una vez creado, el mismo reglamento se ha otorgado una vacatio legis de dos años, los cuales servirían a los países de la Unión Europea para articular los mecanismos, instituciones y árbitros necesarios para hacer cumplir la nueva normativa; mientras que al mismo tiempo este lapso de tiempo debía haber servido a las compañías para adecuar sus políticas de datos al reglamento, y por ende así evitar las sanciones hoy impuestas.

Estableciendo precedentes

Lo que buscan las autoridades en materia de protección de datos es hacer saber a las empresas europeas que no se tolerará el abuso sobre la información privada de sus usuarios y clientes. Así, se pretende que las compañías empiecen a tomarse en serio los mecanismos de protección de la información, dándole a esta el valor que tiene en el mundo globalizado de hoy.

El derecho a la privacidad está siendo valorado como un derecho fundamental, y, por ende, debe ser resguardado por los Estados. Los resultados de este informe son una muestra del trabajo que los países están haciendo para salvaguardar la información de los particulares. Sabemos también que la manipulación de estos datos representa para estas empresas un atractivo recurso de mercadeo, y no es poco el beneficio que estas obtienen de su vulneración, es por ello que estas multas alcanzan estos montos que parecen exorbitantes pero que, en la práctica sirven de escarmiento para evitar futuras infracciones.